sábado, 31 de março de 2012

SOCIOAMBIENTALISMO.

"Ecologistas abuchean políticas de Rousseff.

RÍO DE JANEIRO, 28 mar (IPS) - El primer año de mandato de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se caracterizó por "el mayor retroceso de la agenda socioambiental desde el final de la dictadura militar", revirtiendo una tendencia sostenida desde 1998, denunciaron organizaciones sociales.
30/03/2012
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100440
Por Fabiana Frayssinet

Crédito: Mario Osava/IPS

El alerta figura en un documento que será presentado al gobierno brasileño y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, junto a una carta firmada por 39 organizaciones ecologistas.

"Es una situación lamentable", dijo a IPS el activista Mario Mantovani, de la entidad SOS Mata Atlȃntica, en un aparte de la conferencia de prensa sostenida este miércoles 28 con corresponsales de la prensa extranjera.

"Vivíamos un crecimiento de las cuestiones ambientales desde el fin de la dictadura (1964-1985), y lo que vemos ahora es que este gobierno puso este tema como moneda de cambio, lo que es muy malo, porque se cambia por cosas con una importancia política momentánea", dijo Mantovani, en alusión a acuerdos com partidos de oposición.

"Brasil entró de nuevo en aquella cosa del 1700, cuando era abastecedor de materias primas, ahora con tecnología", destacó en referencia a productos "altamente concentradores de tierra" que degradan el ambiente.

Mantovani se refirió al retroceso de "grandes conquistas", como la función social de la tierra, que se había conseguido gracias a poner coto a las grandes haciendas en pocas manos, un fenómeno "que excluye y que mata".

"Es un retroceso impensable cuando viene de un gobierno que fue producto de la reacción de la sociedad", subrayó al referirse al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al gobierno en enero de 2003 de la mano de Luiz Inácio Lula da Silva y permanece con Rousseff, investida en enero de 2011.

Las organizaciones, responsables del documento "Retrocesos del gobierno de Dilma en la Agenda Socioambiental", recordaron que los logros de las últimas dos décadas permitieron que Brasil fuese el primer país en desarrollo en presentar metas de reducción de crecimiento de las emisiones de carbono, lo que a su vez contribuyó a ubicarlo como un líder ambiental en el mundo.

Pero, al contrario de lo prometido por Roussef, esta vez no solo no se avanzó, sino que se retrocedió. Además "tenemos importantes señales de que la agenda futura socioambiental será de 'descontrucción' de lo realizado en los últimos 20 o 30 años", dijo a IPS el activista Bazileu Margarido, del Instituto Democracia y Sustentabilidad. La advertencia tiene que ver con el proyecto de reforma al Código Forestal, en discusión en el Congreso legislativo, que debilita la protección de las selvas y concede una amplia amnistía a la deforestación irregular registrada hasta julio de 2008.

En caso de aprobarse, se "instaurará una impunidad que estimulará el aumento de la deforestación, además de reducir las reservas legales y las áreas de protección permanente en todo el país", sostuvo Margarido. Los ecologistas recuerdan que en los gobiernos anteriores hubo intentos de reducir los mecanismos legales de protección a las florestas y al ambiente, cuya "mayor parte fue impedida por el Poder Ejecutivo debido a La fuerte reacción de La sociedad".

Hoy, en cambio, el gobierno es "cómplice u omiso" enel"desarme"de La legislación protectora, dijeron. El gobierno aseguró que el índice de deforestación de la Amazonia cayó 11,7 por ciento entre agosto de 2010 y julio de 2011, alcanzando el nivel de tala más bajo registrado por tercer año consecutivo.

Este porcentaje equivale, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, a un área talada estimada en 6.238 kilómetros cuadrados de selva, y constituye el menor índice de deforestación en este país desde El comienzo Del control satelital em 1988.

Nilo D'Avila, coordinador de políticas públicas de la filial de Greenpeace en Brasil, destacó que, precisamente, ese avance se dio con el Código Forestal vigente –que ahora se quiere ablandar– cuyas penas incluyen multas por deforestación que imposibilitan el acceso al crédito de los productores rurales infractores.

"Políticas como esas son las que han producido resultados", señaló Brenda Brito, de Imazon, al mencionar el caso de los frigoríficos "forzados" a no comprar carne de ganado criado en reservas ambientales que fueron deforestadas.

El documento se refiere también a la interrupción del proceso de creación de unidades de conservación, un sistema legal de protección de ecosistemas. En la Amazonia se "excluyeron 86.000 hectáreas de siete unidades de conservación para cuatro grandes proyectos hidroeléctricos", ilustró Margarido. "El gobierno de Rousseff es el primero que no solo no crea nuevas áreas de protección ambiental, sino que las redujo", destacó Raul Silva Telles do Valle, del Instituto Socioambiental. Otra crítica se dirige a la "fragilidad" de los organismos ambientales del Estado, que hizo decaer el poder de control y facilitó la entrega de licencias, por ejemplo en el caso de Belo Monte, una central hidroeléctrica que comenzó a construirse en la Amazonia.

"Belo Monte destruyó las reglas, las condicionantes ambientales y a las poblaciones indígenas afectadas", enfatizó Do Valle al alertar que, además, se construirán en la Amazonia otras 170 hidroeléctricas, más de 60 de gran tamaño y sin la suficiente "evaluación estratégica".

El conjunto de esas obras provocará más deforestación, asociada a la emigración y a la especulación agraria. "También alterará el régimen hidrológico de la región y afectará de forma irreversible a las poblaciones indígenas y comunidades laborales" del lugar, afirma el documento.

En el texto se menciona el congelamiento de los reconocimientos de tierras indígenas y "quilombolas" (habitadas por descendientes de esclavos africanos).

Asimismo se alerta sobre otros proyectos de alteración de la legislación ambiental, en discusión en el parlamento, como el que dificultará la creación de nuevas unidades de conservación y homologación de tierras indígenas, el que "fragiliza" el bioma de la Mata Atlȃntica, un bosque de toda la costa brasileña sobre el océano Atlántico, que solo conserva siete por ciento de su extensión original.

Otras acciones legales podrían permitir la plantación de caña de azúcar en la Amazonia y en otro bioma importante, el Pantanal, o autorizar actividades de minería en áreas indígenas, de acuerdo con los ecologistas. El mensaje parece ser que, "en nombre del desarrollo, vamos a facilitar los emprendimientos de uso intensivo de recursos naturales", opino Do Valle.

Desde la última etapa del gobierno de Lula, "vemos un gobierno desarrollista que observa las condiciones ambientales como uma traba a ser eliminada", añadió.

Otros retrocesos están vinculados a la "lentitud en el saneamiento" por una disminución considerable de inversiones.

Apenas 44,5 por ciento de los 198 millones de brasileños tienen servicios cloacales y, del material recolectado, una proporción muy baja recibe tratamiento, "lo que significa que más de 80 por ciento de las aguas servidas en este país van a parar a la naturaleza".

La regularización de la propiedad agraria habría tenido, según los ecologistas, "el peor desempeño" en cuanto a distribución de predios de la reforma agraria desde 1985 y el menor presupuesto para ejecutarla.

Frente a la lista de lo que consideran retrocesos las organizaciones llamaron a la presidenta a cumplir los compromisos ambientales asumidos em su campaña.

"Solo una acción fuerte de ese tipo evitará graves prejuicios para la sociedad brasileña y que Brasil viva el vejamen de ser al mismo tiempo anfitrión y villano de Río+20", concluye el documento.

Este país alberga casi 12 por ciento de la biodiversidad del planeta, con cuatro de los biomas más ricos del mundo, entre ellos la Amazonia. (FIN/2012)"

por João Suassuna — Última modificação 30/03/2012 11:10

TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.

"Carta de frei Gilvander contra a

Transposição do rio São Francisco.

(Essa carta de frei Gilvander Luís Moreira ao jornalista Fernando Valença foi publicada no livro Trans Posição Francisco, organização de Julio Meiron, Márcia Vaitsman, Evandro Carlos Nicolau, Luzi Mizukami, Jarbas Galhardo e Paula Tubelis, São Paulo: Ed. Editorial, 2009, p. 65-72.)

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2009

Prezado Fernando Valença,

Li alguns “artigos“ seu no sítio do Ministério da Integração Nacional defendendo o projeto de transposição de águas do rio São Francisco. Em um deles, você diz que “o Projeto São Francisco não tem defeito! De nenhuma natureza! É a obra de engenharia mais bem bolada que o ser humano fez até o presente, em matéria de transposição de água! Ninguém pode apontar imperfeição/erro, nele! Ao contrário, porque é a perfeição em matéria de Engenharia hídrica!“

Essa sua afirmação e outras no mesmo nível me levaram a escrever-lhe esta carta.

Assim como você, fui criado no Semi-árido, não o nordestino, mas o mineiro. Fui criado em Arinos, noroeste de Minas. Tirei muita água na cisterna, no braço, tocando um saril que trazia o balde para cima, cisterna de 22 metros de profundidade. Quando a cisterna secava, buscávamos água na grota da Onça. Quando esta secava, buscávamos água no rio Claro (que cai no rio Urucuia, um dos grandes afluentes do Velho Chico), no ombro, no jegue, à cavalo. Tomei muito banho em dois litros de água na bacia. Logo, Fernando, senti na minha própria péle o que é sobreviver no semi-árido, na escassez de água. Aprendi a ter encantamento, respeito e veneração pelas águas.

Caro Fernando, dedico minha vida e meu sacerdócio acompanhando Comunidades Eclesiais de Base – CEBs -, a Comissão Pastoral da Terra – CPT -, Pastorais Sociais e a Via Campesina. Lutamos por justiça social, por reforma agrária e pela construção de uma sociedade sustentável. Animado pela Campanha da Fraternidade de 2004 – Água, fonte de vida – nós da Paróquia N. Sra. do Carmo, de Belo Horiozonte, juntamente com as organizações, acima citadas, abraçamos a defesa de mananciais de abastecimento público, especificamente lutamos contra a mineração de Capão Xavier, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, onde há quatro mananciais que abastecem dez por cento da capital mineira. Lamentavelmente a VALE está, de forma autoritária e ao arrepio das leis ambientais, minerando Capão Xavier e, conforme o EIA-RIMA causará uma redução na vazão dos mananciais da ordem de quarenta por cento. Estamos também participando do mutirão para a construção de um milhão de cisternas no semi-árido. Isso tudo nos levou a abraçar a luta contra o projeto de transposição do rio São Francisco. Vivo, hoje, na bacia são-franciscana. Já morei no Pernambuco e fiz missões em vários municípios do sertão paraibano.

Seguimos a trilha do bispo dom Flávio Cappio que tem santa autoridade para questionar este faraônico e estúpido projeto. Frei Luiz ouve, há mais de trinta anos, os clamores do rio São Francisco, do povo pobre da bacia são-franciscana e do semi-árido nordestino. Ele é um profeta na luta em defesa da vida do rio São Francisco e do seu Povo. Feliz de um povo que ouve a voz dos seus profetas. Temos assessoria jurídica muito boa. E estamos bem calçados pelo parecer de hidrólogos, geólogos, doutores em recursos hídricos, sociólogos e em sintonia com a sabedoria popular do povo ribeirinho que é empobrecido assim como o povo nordestino do semi-árido. Assim, gostaria de elencar, abaixo, uma série de argumentos que moveram Dom Cappio a fazer duas greves de fome contra o projeto de transposição do Velho Chico e que nos move a continuar firmes na luta pela paralisação das obras de transposição, antes que seja tarde demais.

Fernando, a maior devastação ambiental da história do Brasil está em curso. A obra de Transposição de águas do rio São Francisco é algo muito grave que está acontecendo no Brasil. O governo federal do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se nega “com unhas e dentes” a um diálogo franco e transparente sobre o projeto. O poder midiático compactua com o Governo Federal e não abre espaço para que um debate autêntico seja feito.

O geógrafo Aziz Ab’Sáber[1], no artigo “A quem serve a transposição?”, pondera: “O risco final é que, atravessando acidentes geográficos consideráveis, como a elevação da escarpa do Araripe – com grande gasto de energia! -, a transposição acabe por significar apenas um canal tímido de água, de duvidosa validade econômica e interesse social, de grande custo, e que acabaria, sobretudo, por movimentar o mercado especulativo, da terra e da política. No fim, tudo apareceria como o movimento geral de transformar todo o espaço em mercadoria”,

Fernando, é muito sensato o voto de Ayres de Brito pela suspensão da obra de transposição. Ele foi voto vencido no plenário do Supremo Tribunal Federal – STF -, em 19/12/2007, ocasião em que o STF autorizou o reinício das obras. No seu voto, Ayres declarou: “Se formos aplicar o princípio da precaução, as obras da Transposição teriam que ser paralisadas. Se uma pessoa está doente, não pode doar sangue. Decisões de tal envergadura deveriam ser discutidas pelo Congresso Nacional”, conforme exigência constitucional.

Concordamos com Dom Cappio, quando diz: “O Rio São Francisco é o grande fator de vida da população. É aquele que garante a vida de milhões de nordestinos. Por isso chamado de Pai e Mãe de todo um povo. A vida do povo depende da vida do rio. Se o rio estiver bem, com saúde, o povo também gozará de saúde. Se o rio ficar doente, como se encontra hoje, o povo também sofrerá as conseqüências. E se o rio vier a morrer, o povo morrerá com seu rio. A vocação do Velho Chico é a de servir, gerar vida. Mas “anêmico não doa sangue”. Se quisermos que o Velho Chico continue sendo gerador de vida para milhões de brasileiros do Semi-Árido, é necessário que antes de tudo seja revitalizado.“

Num testemunho profético, frei Luiz pondera: “Cheguei aos sertões baianos do São Francisco, há 33 anos atrás, e logo me identifiquei com o rio. Dia após dias, nestes anos todos, fui observando a degradação ambiental e social do Rio São Francisco e de seus afluentes. Os ribeirinhos diziam das dificuldades crescentes em tirar das águas seu sustento: peixe escasso, vazantes menos produtivas, bancos de areia, navegação difícil, águas poluídas, rasas ... Em um ano de peregrinação, em 1992, das nascentes à foz do Velho Chico, ficou evidente que seus principais problemas são o desmatamento, para as monoculturas e as carvoarias, que diminui os mananciais e provoca o assoreamento; a poluição urbana, industrial, minerária e agrícola; a irrigação, que além dos agrotóxicos, consome águas; as barragens e hidrelétricas que expulsam comunidades, impedem os ciclos naturais do rio e comprometem 80% de suas vazões com a energia elétrica; a pobreza e o abandono da população, a que mais sofre com as conseqüências destes abusos.“

Prezado Fernando, no artigo “testemunho acerca do bispo Dom Cappio, Leonardo Boff, teólogo da libertação, assevera: “O governo bolou o seu projeto, enfiou-o goela abaixo no povo, inventou audiências, discussões no Congresso que nunca houve (perguntei a vários deputados que negaram absolutamente que houve tal discussão). Não tomou em conta a opinião da comunidade científica como a de Aldo Rabelo, nosso maior cientista em águas, Ab’Saber e de outros do próprio Nordeste, não considerou a proposta da ANA (Agência Nacional de Águas) que fez o Mapa de Águas do Nordeste com a proposta de abastecimento urbano (omitiu a inclusão da área rural) envolvendo 34 milhões de pessoas (a do governo apenas 12 milhões) beneficiando mais de 1300 municípios (o do governo são algumas centenas) a um preço que é metade daquele orçado oficialmente (cerca de 6 bilhões de reais contra 3,6 da ANA), não incluindo o que já está em curso – o projeto da ASA (Articulação do Semi-Árido) - com a construção de um milhão de cisternas (já se construíram 200 mil) num projeto inteligente (2 em um: duas cisternas, uma para beber, outra para irrigar e um pedaço de terra). Uma audiência propalada pelo governo foi feita na quinta-feira de carnaval (imagine o carnaval da Bahia...) num hotel cinco estrelas, em Salvador, a 800 km do rio S. Francisco. Quem iria participar desta audiência? É pura formalidade....E assim outras atitudes autoritárias vindas de cima, desconsiderando a acumulação feita pelas comunidades, com discussões impositivas, cooptação de lideranças comunitárias e políticas.....algo, portanto, nada democrático. Os que vivem na região conhecem suas elites econômicas, os interesses das grandes empreiteiras, os planos do agronegócio de exportação, e a parca destinação, apenas 4% da água para a dessedentação humana e animal.”

Caro Fernando, faço questão de citar também um nordestino, doutor em semi-árido. No artigo “TRANSPOSIÇÃO: uma análise cartesiana”, Manoel Bomfim Ribeiro[2] demonstra que „“o Nordeste já possui um grande manancial de água construído pela tenacidade do homem do Nordeste. É um grande cubo de 37 quilômetros cúbicos de água armazenados nos milhares de reservatórios espalhados por todos os quadrantes do Semi-Árido. Falta apenas uma grande e potente rede de adutoras para levar essa água a todos os recantos desta grande região. Essa rede já começou, faltando tão-somente dotações e recursos para o aceleramento das obras. Essas adutoras independem do canal da Transposição porque as águas já estão acumuladas nos seus reservatórios... No ano de 2001, uma consulta ao BIRD[3] feita pelo Ministério da Integração Nacional sobre empréstimo para a Transposição, recebeu uma resposta negativa, aconselhando aquele Banco que se fizesse primeiro o aproveitamento das águas já existentes no Semi-Árido. Um bolo de palmatória. Por essa razão, essa mega obra não possui recursos externos. A partir de 2004 é a história que conhecemos. Houve muita discrepância de projeto quanto aos volumes a transportar. De 300m³/s mudaram para 260, 145 127, 64, 26, e por aí vai. Uma total incerteza do que pretendem, uma falta de análise aprofundada. O mais recente é transportar 64m³/s, mas a estrutura concebida e projetada é para 127m³/s, ou seja 2,1 bilhões de m³/ano. Vale lembrar que numa só noite chuvosa, com precipitação de 700 mm num terço do Semi-Árido (300.000 km²) desabam sobre esta superfície exatamente 2,1 bilhões de m³ de água, o volume que querem levar com tanto trabalho e despesas. Isso é realidade, não é sofisma. No meu livro, recentemente publicado, A POTENCIALIDADE DO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO, detalhamos os caminhos das águas que irão ser transportadas pelos canais. Serão despejadas em oito açudes que já detêm 13 bilhões de m³ de água nos seus bojos. O total, entretanto, que o Semi-Árido já acumula é de 37 bilhões de m³ de água, que, segundo o governo, não resolveram o problema hídrico da região. Agora, entretanto, vai ser resolvido com 2,1 bilhões. Tenham a santa paciência! Isso é uma afronta aos técnicos do País, uma total falta de respeito aos engenheiros do Brasil. Até o leigo, até o analfabeto não entende porque 2,10 bilhões de m³ vão abastecer 12 milhões de habitantes e os 37 bilhões não abastecem. Ridículo.”

Fernando, desculpe, mas Manoel Bomfim tem muitos outros argumentos contra a Transposição.


Diz ele: “Trata-se de uma obra inócua e desprovida de significado, pois que o Nordeste Setentrional, penhoradamente, agradece e dispensa as águas do rio São Francisco, por total e absoluta falta de necessidade, uma vez que já acumula, somente nos oito grandes açudes, 13 bilhões de metros cúbicos de água, (cinco vezes e meia a Baía da Guanabara), exatamente os oito açudes plurianuais que irão receber os magros 2 bilhões/m³ anuais (127m³/s) aduzidos do canal da Transposição. A evaporação anual dos 13 bilhões é da ordem de 4 bilhões, o dobro da água que vai chegar do rio. Mais ainda, os três estados mais ávidos por mais água, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará já acumulam nos seus imensos reservatórios 26 bilhões de metros cúbicos, 70% das águas reservadas no Semi-Árido brasileiro, 11 vezes as águas da baia da Guanabara. Pela vulnerabilidade desse grande Projeto, numa análise cartesiana, somos levados a pensar que ele não resistirá a uma travessia administrativa e pode morrer na praia.“

Caro Fernando, você deve conhecer João Abner Guimarães Júnior[4], que em inúmeras entrevistas sobre a transposição de águas do Rio São Francisco, sendo um perito no assunto, arremata: “Transposição é um projeto politicamente inconseqüente, economicamente inviável, socialmente injusto e ecologicamente covarde. Bastaria qualquer uma dessas três condições ser verdadeira para justificar o abandono do projeto. A transposição é politicamente inconseqüente porque gera um conflito na federação brasileira e nos estados do Nordeste que será permanente, com tendência a se agravar - uma briga pelo uso da água. No momento em que se tira água da bacia do São Francisco para levar para o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte (os estados receptores), uma injustiça é cometida com o povo doador (alagoanos, baianos, mineiros, pernambucanos e sergipanos) que possui disponibilidade hídrica de 360 metros cúbicos por segundo (m³/s) para abastecer uma população de 13 milhões de pessoas. No Ceará, por exemplo, a disponibilidade per capitaé melhor: 215 m³/s para 7,5 milhões, sendo que fenômeno semelhante acontece também com o Rio Grande do Norte. Outro aspecto fundamental é que, na bacia do rio São Francisco, 335m³/s dos 360m³/s de água disponível já estão comprometidos. Portanto, os 25m³/s que o governo diz que vai tirar, não é pouco, mas sim o que resta de água ainda não outorgada no rio. Esse número de 1% (o governo alega que vai retirar apenas essa quantidade) é relativo a vazão média na barragem de Sobradinho, mas essa não é uma boa referência. Deve-se trabalhar com a vazão firme (aquilo que é garantido que o rio vai ter, mesmo em períodos de seca), que é de 1.860m³/s. Desses, apenas 360 estão disponíveis. O resto, 1.500m³/s, já é utilizado para a produção de energia elétrica. E essa água tem uma função importantíssima. 95% da energia do Nordeste é de fonte hidráulica - uma fonte barata. É um erro dizer que o São Francisco está jogando água no mar. Esta água tem uma função importante como geradora de energia. É daí que vem o segundo conflito gerado pela transposição. Um conflito nacional. Como o sistema CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) já está funcionando no seu limite, a transposição vai implicar uma mudança muito grande na matriz energética no Nordeste uma vez que será necessário trazer energia de fora ou gerá-la por meio de termoelétricas, o que polui mais e é mais dispendioso. Além disso, terá que se produzir energia para a transposição e para os usos da nova água nos estados receptores; para não falar da água que vai ser retirada com a transposição. A implicação disso tudo é um aumento de custo da energia elétrica em todo o sistema nacional.”

Prezado Fernando, precisamos ouvir também outro nordestino: João Suassuna[5], que no texto “Transposição do rio São Francisco: Caneco de ouro” informa: “diante do potencial hídrico existente na Região, os técnicos da SBPC recomendaram, em reunião no Recife, em agosto de 2004, que se procedesse à construção de uma infra-estrutura hidráulica capaz de atender às necessidades da população, partindo-se das bacias dos estados que seriam receptores das águas do rio São Francisco (Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba), para as bacias dos estados exportadores (Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais), isto é, de jusante para montante, priorizando-se o acesso às águas das represas, dos poços, cisternas rurais, barragens subterrâneas, etc., fontes estas detentoras de volumes capazes de suprir, até com certa folga, as necessidades diárias da população nordestina, bastando, para tanto, proceder-se ao indispensável gerenciamento desses recursos.”

Fernando, não podemos esquecer também dos direitos dos povos indígenas e quilombolas. O projeto de Transposição atinge de forma violenta ainda, direta ou indiretamente, mais de 40 comunidades indígenas e 153 comunidades quilombolas localizadas nas regiões da bacia do Rio São Francisco, tornando-o totalmente inconstitucional, uma vez que não foram consultados os próprios indígenas e muito menos tramitou pelo Congresso Nacional, instância responsável para dar autorização ou não.

Fernando, não acredite na propaganda do Governo Federal. É enganosa. A verdade é que a transposição atende primeiramente aos interesses de grupos do agronegócio e das indústrias e em seguida às necessidades do povo sofredor, o que configura falta de equidade. Os dados falam por si: 70% da água deve ser destinada a projetos de irrigação, 26% para a indústria e abastecimento urbano e 4% para populações rurais do Semi-Árido. Fernando, atenção! Não se irrite! Esses dados estão escritos no Projeto. É só ler na íntegra o projeto. Não podemos ler somente a peça publicitária de Ciro Gomes e Geddel.

Fernando, imagino que você já deve estar nervoso. Tenha calma. Ouça só mais um pouquinho. Estou terminando. Para arrematar, digo: a transposição começou, mas não irá muito longe, nem muito menos terminará, pois é um projeto inviável economicamente, ilegal e imoral segundo as leis ambientais e segundo a Constituição de 1988, injusto eticamente, politicamente autoritário e ecologicamente insustentável. A história julgará o Presidente Lula e os apoiadores deste insano e covarde projeto, a obra mais cara da história do Brasil. Um camponês do Ceará disse: “Projeto grande, faraônico, não beneficia os pequenos. O que beneficia os pequenos são projetos pequenos, multiplicados aos milhares”.

Nosso projeto é muito maior. Queremos água para 44 milhões, não só para 12. Para nove estados, não apenas quatro. Para 1356 municípios, não apenas 397. Tudo pela metade do preço. O Atlas e as iniciativas da ASA (sociedade civil) são muito mais abrangentes e têm finalidade no abastecimento humano.

Caro Fernando, não deu para ser mais conciso. Se os argumentos, acima arrolados, não forem o suficiente, sugiro a leitura do livro Dom Cappio: Rio e Povo, que organizei, Co-ed. CEBI-CPT e Diocese de Barra, São Leopoldo, RS, 2008. Lá estão 57 pequenos textos de 23 intelectuais orgânicos.

P.S.: Concordo inteiramente com os argumentos de Vitorio Rodrigues de Andrade, de Petrolina, PE, exposto em carta enviada a Otávio Carvalho.

Assim sendo, com todo respeito, manifesto minha posição contrária ao projeto de transposição de águas do rio São Francisco. O Rio, a biodiversidade e o povo agradecem.

Sem mais para o momento, um abraço terno,

Atenciosamente

Frei Gilvander Luís Moreira[6]"

[1] Tomo a liberdade de identificar algumas pessoas que serão citadas nessa carta para que não paire dúvida sobre a idoneidade delas. Aziz, por exemplo, é Professor-Emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e Professor Convidado do Instituto de Estudos Avançados da USP.
[2] Engenheiro civil, com especialização em Geologia e hidrologia; ex-diretor do DNOCS – Departamento Nacional de Obras contra a seca -; ex-secretário geral do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia; ex-diretor da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -; ex-consultor da OEA – Organização dos Estados Americanos; conselheiro da Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento (FUBRÁS); membro do Instituto do Sol, cidadão honorário em 27 municípios do Semi-Árido. Autor do livro A Potencialidade do Semi-Árido Brasileiro (O Rio São Francisco: Transposição e Revitalização, uma análise), Brasília, 2007. “Livro imprescindível para compreender o Semi-Árido, seu povo, sua riquíssima biodiversidade e uma imensa riqueza cultural”, diz Dom Cappio.
[3] Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
[4] Engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo (USP). Professor do curso de engenharia civil da UFRN. Entre 2003 e 2004, Abner exerceu a função de diretor-geral do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte.
[5] Engº Agrônomo e Pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco.
[6] Mestre em Exegese Bíblica, professor de Teologia Bíblica, assessor da Comissão Pastoral da Terra – CPT -, de Comunidades Eclesiais de Base – CEBs -, de Pastorais Sociais e da Via Campesina. E-mail:gilvander@igrejadocarmo.com.br – www.gilvander.org.br
Um abraço afetuoso. Gilvander Moreira, frei Carmelita.
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TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.


"Custo da transposição do São Francisco já aumentou

71% e projeto vai superar R$ 8 bilhões

A reportagem é de Marta Salomon e publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, 23-03-2012.

Vencido o prazo original em que a transposição do Rio São Francisco deveria estar pronta e funcionando no semiárido nordestino, a obra registrou aumento de R$ 3,4 bilhões - ou 71% - em seus custos em relação à previsão inicial, segundo a mais recente estimativa feita pelo Ministério da Integração Nacional. Desde o início do governo Dilma Rousseff, o custo total da obra pulou de R$ 4,8 bilhões para R$ 8,2 bilhões. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva previa inaugurar a obra em 2010.

A reportagem é de Marta Salomon e publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, 23-03-2012.

Isso significa que, se a transposição fosse uma aplicação financeira, teria rendido 65% acima da inflação do período. Para essa comparação, o Estado usou a variação de preços medida pelo IPCA, índice usado no regime de metas de inflação do governo. A alta foi de 8,2% entre dezembro de 2010 e março de 2012.

A construção de cerca de 600 quilômetros de canais de concreto que desviarão parte das águas do rio ainda deve consumir mais 45 meses. O preço aumentou com a renegociação dos contratos originais e o lançamento programado de mais de R$ 2,6 bilhões em novas licitações.

Iniciada em 2007 como a mais cara a ser paga com dinheiro dos tributos entre os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a obra da transposição do São Francisco está parada em três trechos: em Salgueiro (PE), Verdejante (PE) e São José das Piranhas (PB). Os contratos originais referentes a esses trechos serão rompidos e haverá nova licitação. Também serão licitados trechos de obras "remanescentes" ao longo de quase toda a extensão do projeto.

Há dois outros trechos em reforma, pois placas de concreto que haviam sido colocadas racharam, registraram fissuras, ou se deslocaram, supostamente por falhas na drenagem de canais que não suportaram chuvas fortes.

Todos os demais trechos tocados pela iniciativa privada tiveram os preços aumentados em até 25%, limite fixado pela lei de licitações.

Novos editais.

Só neste mês, o Ministério da Integração Nacional lança quatro novos editais para a licitação de R$ 2 bilhões em obras. Até junho, outros dois editais serão lançados, ao custo estimado em R$ 645 milhões. O total é superior ao previsto pelo ministro Fernando Bezerra Coelho menos de três meses atrás, quando revelou ao Estado que a obra custaria R$ 1,2 bilhão extra.

Responsável pela obra, o Ministério da Integração atribuiu o aumento do custo da obra a adaptações no empreendimento, em decorrência do detalhamento dos projetos. As obras começaram de forma apressada, sem os respectivos projetos executivos. Além disso, segundo o ministério, "a forte demanda" sobre a construção civil e a construção pesada pressionou os custos.

No mesmo período em que o preço da transposição aumentou 71%, os custos da construção civil no Brasil cresceram 6,9%. No Nordeste, local da obra, os custos cresceram 7,2%.

O Ministério do Planejamento, que coordena o PAC, autorizou o aumento do custo da obra. "Os aditivos são explicados pelo avanço dos projetos executivos, que têm identificado, com maior grau de precisão, as intervenções necessárias para a completude (sic) do projeto de interligação (sic) do São Francisco", informou em nota a assessoria da ministra Miriam Belchior.

O início das obras, em 2007, sem o projeto executivo, não seria um caso único entre os projetos do PAC, continua a nota, que classifica o projeto como "estratégico, desafiador e fundamental" para 390 cidades dos Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.

O Ministério da Integração evita criticar abertamente o início das obras sem um projeto detalhado porque isso aconteceu sob a gestão do então ministro Ciro Gomes, correligionário no PSB do atual ministro Fernando Bezerra e padrinho do novo secretário de recursos hídricos da pasta, Francisco Teixeira, principal executivo da transposição. No início das obras, Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil, era citada como a "mãe" do PAC.

Segundo o Ministério da Integração, é responsabilidade das empreiteiras já contratadas recuperar cerca de 900 metros de canais de concreto danificados antes mesmo de entrarem em uso. "Essas falhas serão refeitas, sem custo adicional para os cofres públicos", reiterou a pasta, referindo-se a trechos deteriorados dos canais, revelados pelo Estado, no final do ano passado.

No início deste ano, outros 240 metros do canal foram danificados no Ceará por causa das "fortes chuvas" emMauriti. O ministério contabiliza que 150 quilômetros foram concretados até o momento."

fonte: http://insurgentecoletivo.blogspot.com.br/2012/03/custo-da-transposicao-do-sao-francisco.html

luís osete (Viva o Povo Brasileiro... Viva Nós...)

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Ruben Siqueira - siqueira.ruben@gmail.com
Comissão Pastoral da Terra / Bahia
Articulação Popular São Francisco Vivo

TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.

"Transposição: a caravana da verdade.

Há pouco mais de um mês, Dilma Rousseff esteve no semiárido nordestino. Afirmou, na ocasião, que foi lá para garantir que as obras da transposição do rio São Francisco andariam. Foram palavras ao vento: a situação continua tão ruim quanto estava, com o agravante de que, neste meio tempo, o governo espetou mais R$ 2,65 bilhões na conta do empreendimento.
23/03/2012
A transposição é um dos mais gritantes equívocos em série promovidos pela gestão petista. Seu custo não para de escalar, seus benefícios são duvidosos, sua viabilidade é questionável. É o que a caravana formada por parlamentares do PSDB, do DEM e do PPS poderá conferir in loco hoje no Ceará.
A transposição começou custando R$ 4,8 bilhões. Escalou a R$ 6,8 bilhões em julho passado e agora decolou para R$ 8,2 bilhões. Ou seja, ficou 71% mais cara - sem, contudo, fazer chegar uma gota d'água ao semiárido, conforme mostra hoje O Estado de S.Paulo.
O governo alega que a forte demanda sobre a construção civil e a construção pesada pressionou os valores dos contratos. Mas, no mesmo período em que o preço da transposição quase dobrou, os custos da construção civil só subiram cerca de 7%, tanto no Nordeste quanto na média do país.
No primeiro exercício de Dilma, nove dos 12 lotes do empreendimento chegaram a parar. Para retomar as obras, o governo apelou para o "jeitinho" - o mesmo no qual Aldo Rebelo aposta para o Brasil não fazer feio nas obras da Copa.
Como os aditivos esbarravam no teto legal de 25%, foram criados seis novos contratos, perfazendo mais R$ 2,65 bilhões a serem gastos em obras que já deveriam ter sido cobertas pelos contratos atuais, como mostrou o Jornal do Commercio há dez dias. Os "resíduos" mais caros estão no Eixo Norte, com uma soma de R$ 1,9 bilhão.
Uma das reais razões para o inchaço dos contratos é que, no afã eleitoral, as obras foram tocadas apenas com base em projetos básicos - isto é, pouco mais do que rascunhos e intuição.
Na dura realidade do semiárido, as construtoras depararam-se com situações muito diferentes do que estava no papel - levando, inclusive, a acidentes como o desmoronamento de parte do túnel de Cuncas, que com seus 15 km corta a divisa entre Ceará e Paraíba, em abril de 2011 - e tiveram de tirar o pé do acelerador.
Vedetes do PAC, hoje as obras da transposição estão mesmo é praticamente em ponto morto. 2011 marcou o pior ano de execução do empreendimento, com avanço de apenas 5%. Dos R$ 1,3 bilhão reservados no Orçamento da União do ano passado, apenas 13% foram executados.
Não há mais chance de Dilma inaugurar a transposição integralmente, segundo o próprio balanço oficial do PAC divulgado no início do mês. O eixo norte, que deveria ficar pronto neste ano, tem apenas 19% executados. Na melhor das hipóteses, só será concluído em dezembro de 2015. O leste, prometido para 2010, tem 48% de execução e previsão de término no último mês da gestão Dilma - num claro indício de que a data estimada é fajuta.
A população não foi enganada apenas por custos e cronogramas irreais: o discurso oficial de que a transposição resolverá o problema de abastecimento de água da população do semiárido também é falso.
Apenas 4% da água desviada será usada para consumo humano, mostrou Washington Novaes n'O Estado de S.Paulo: "Desde o estudo de impacto ambiental, foi afirmado que 70% da água transposta iria para irrigação em grandes projetos de exportação, 26% para uso industrial".
Enquanto isso, iniciativas bem-sucedidas de abastecimento humano, como a construção de cisternas de concreto para armazenar água de chuva, foram escanteadas pelo governo federal. A meta, definida por uma coligação de ONGs, a Articulação do Semiárido, era chegar a 1 milhão, mas só 30% foram feitas. Para piorar, a gestão petista anunciou recentemente que pretende passar a adotar cisternas de plástico, que simplesmente estorricam sob o calor nordestino e custam cinco vezes mais.
Em 2009, já no clima de vale-tudo que moveria o PT na campanha eleitoral, Dilma Rousseff aboletou-se ao lado de Lula para protagonizar a "caravana da transposição". Já naquela época, o teatro ficou evidente. Agora, caravanas bem mais verdadeiras servirão para mostrar o que, de fato, está acontecendo no país: uma realidade bem diferente do discurso oficial. E tristemente pior."
Ruben Siqueira - siqueira.ruben@gmail.com
Comissão Pastoral da Terra / Bahia
Articulação Popular São Francisco Vivo

TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.

"Custo da transposição aumentou 71% e chega a R$ 8 bi.

Vencido o prazo original em que a transposição do Rio São Francisco deveria estar pronta e funcionando no semiárido nordestino, a obra registrou aumento de R$ 3,4 bilhões - ou 71% - em seus custos em relação à previsão inicial, segundo a mais recente estimativa feita pelo Ministério da Integração Nacional. Desde o início do governo Dilma Rousseff, o custo total da obra pulou de R$ 4,8 bilhões para R$ 8,2 bilhões. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva previa inaugurar a obra em 2010.
23/03/2012
http://infralogistica.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&SubsecaoID=538090&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=216937&Titulo=Custo%20da%20transposi%E7%E3o%20aumentou%2071%25%20e%20chega%20a%20R%24%208%20bi
Isso significa que, se a transposição fosse uma aplicação financeira, teria rendido 65% acima da inflação do período. Para essa comparação, o jornal O Estado de S. Paulo usou a variação de preços medida pelo IPCA, índice usado no regime de metas de inflação do governo. A alta foi de 8,2% entre dezembro de 2010 e março de 2012.

A construção de cerca de 600 quilômetros de canais de concreto que desviarão parte das águas do rio ainda deve consumir mais 45 meses. O preço aumentou com a renegociação dos contratos originais e o lançamento programado de mais de R$2,6 bilhões em novas licitações.
Iniciada em 2007 como a mais cara a ser paga com dinheiro dos tributos entre os projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a obra da transposição do São Francisco está parada em três trechos: em Salgueiro (PE), Verdejante (PE) e São José das Piranhas (PB). Os contratos originais referentes a esses trechos serão rompidos e haverá nova licitação. Também serão licitados trechos de obras "remanescentes" ao longo de quase toda a extensão do projeto.
Há dois outros trechos em reforma, pois placas de concreto que haviam sido colocadas racharam, registraram fissuras, ou se deslocaram, supostamente por falhas na drenagem de canais que não suportaram chuvas fortes. Todos os demais trechos tocados pela iniciativa privada tiveram os preços aumentados em até 25%, limite fixado pela lei de licitações."

Por MARTA SALOMON - Agência Estado

sábado, 24 de março de 2012

PLANETA ÁGUA.

"Falta de água pode afetar 55% das cidades do país até 2015.

O Brasil deverá enfrentar um grave problema de abastecimento de água nos próximos anos. Se nada for feito, até 2015, cerca de 55% dos municípios vão ser afetados, de acordo com dados do Atlas Brasil, que será lançado hoje, em comemoração ao Dia Mundial da Água. O documento traz um estudo feito pela ANA (Agência Nacional de Águas) sobre a oferta de água no país.
17/03/2012
http://www.band.com.br/noticias/cidades/noticia/?id=100000412600

Obras precisam ser realizadas em 3.027 municípios até 2015

A análise foi feita em 5.565 cidades. Juntas, elas somam mais de 70% do consumo de água brasileiro. De acordo com “O Estado de S. Paulo”, o estudo diz que será preciso investir ao menos R$ 70 bilhões para que seja garantida água de qualidade em todo o país até 2025.
A maior parte do investimento teria de ser destinada à coleta e ao tratamento de esgotos, visando proteger as fontes de abastecimento (rios e lagos). Nesse serviço seriam consumidos em torno de R$ 48 milhões.

E a região do país que demanda o maior investimento é a do rio Paraná. Mas, levando-se em conta o crescimento da população, são as regiões Sudeste (com mais aglomerados populacionais) e Nordeste (com mais cidades que já têm problemas de abastecimento) que vão concentrar a maior demanda por água do país no ano de 2025: 71%. O relatório da ANA sugere obras em 3.027 municípios.
Ruben Siqueira - siqueira.ruben@gmail.com
Comissão Pastoral da Terra / Bahia
Articulação Popular São Francisco Vivo
Saiba (+) Sobre o assunto:
O abastecimento da população do Semiárido brasileiro: uma chance perdida, artigo de João Suassuna
http://www.remaatlantico.org/Members/suassuna/artigos/o-abastecimento-da-populacao-do-semiarido-brasileiro-uma-chance-perdida-artigo-de-joao-suassuna/view
por João Suassuna — Última modificação 19/03/2012 15:45

A “água-cidadã”, as miunças e o tiro-no-pé.
Segunda - Colocar (ou garantir) água-cidadã, por meio de uma “cisternacalçadão” nos estabelecimentos em condições de sair rapidamente do regime de subsistência. Ao saírem da subsistência, gerarão milhões de empregos, imediatamente.
A cisterna-calçadão comporta 52.000 litros e garante água também Uma das palavras que os novos mandantes do país adotaram, nos últimos tempos, é “cidadania”. Existe “cidadaniaisso” e “cidadania-aquilo” para todos os gostos nos falatórios governamentais e na imprensa.
Agora, um desses nababos que sobrevivem às custas do erário público cunhou uma nova expressão: “transposição-cidadã”. Assim, as águas do rio São Francisco viraram até “cidadãs”, significando que “o precioso líquido é de todos e precisa ser canalizado para todos”. Sem dúvida, há aqui um símbolo equivocado e uma usurpação da palavra “cidadania”.
Cabe explicar, então, o que seria - ou poderia ser - uma “água-cidadã” – de verdade, para o habitante do Semiárido, aquele sertanejo que tem sua terra (ou explora alguma) e lá vive.

ENERGIA SUJA.

"Verdades inconvenientes sobre a termelétrica Suape III.
Heitor Scalambrini Costa
Professor da Universidade Federal de Pernambuco
Com o anúncio e a repercussão da instalação da usina termelétrica mais suja do mundo no Cabo de Santo Agostinho, a 10 km do balneário de Porto de Galinhas, vários posicionamentos prós e contras foram apresentados. A decisão solitária e incompreensível do governo de Pernambuco de atrair esta usina provocou um debate indesejável para aqueles que não querem discutir os rumos do desenvolvimento sustentável no Estado, e conseqüentemente a qualidade de vida de sua população.
Não se pode continuar fingindo não saber que o uso de combustíveis fósseis na geração elétrica e em outras atividades, da produção ao transporte, é a principal causa do aquecimento global, com conseqüências diretas nas mudanças climáticas e assim na intensificação de fenômenos como inundações, estiagens, extinção de espécies, entre zutros.
Verifica-se neste episódio da termelétrica a existência de uma deliberada e provocada ignorância em relação aos ciclos energéticos, pois ao mesmo tempo, que se valorizam os combustíveis fósseis, se deprecia as fontes renováveis de energia: solar, eólica, biomassa, energia das ondas dos mares. O governo estadual, na mídia, tenta confundir a opinião pública com promessas de que está apoiando fontes renováveis de energia, com anúncios pontuais de instalações de empresas e de usinas com aerogeradores, com energia solar fotovoltaica e térmica no interior do Estado. Ao compararmos estes empreendimentos anunciados, com os subsídios fornecidos, recursos investidos e potências elétricas instaladas, verifica-se que representam valores muito inferiores ao de Suape III, a usina térmica a óleo combustível anunciada. Todavia as iniciativas para beneficiar as fontes limpas devem ser incentivadas, mas com a participação mais efetiva das universidades pernambucanas, praticamente desconsideradas e alijadas do processo.
Ao longo dos últimos anos constata-se que a Matriz Energética Estadual (MEE) tem sofrido modificações. Ao analisar o Balanço Energético de Pernambuco (BENPE), referente aos anos de 1989 até 1998 (último ano disponível do BENPE pela ex-Secretaria de Infra-estrutura), nota-se que apesar das fontes renováveis de energia (hidroeletricidade, carvão vegetal, lenha, álcool e bagaço de cana) ainda contribuírem com a maior parcela na oferta total de energia; estes energéticos vêm, ano a ano, reduzindo sua contribuição. Por sua vez as fontes não renováveis (derivados do petróleo e gás natural), vêm a cada ano aumentando em muito sua participação na matriz, mostrando assim que a prioridade ao longo dos últimos anos, foi e é de apoiar os combustíveis “sujos” para atender a demanda energética do Estado.
O anuncio da maior e mais suja termelétrica do mundo vem ao encontro desta tendência, e atropela simultaneamente a política climática (PNMC – Plano Nacional sobre Mudança do Clima), o Plano Brasil Maior, e o Documento de Contribuição Brasileira à Conferência Rio+20, pois se opõe – em gênero, número e grau a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Estudos mostram que caso as termelétricas previstas no País sejam instaladas (incluindo Suape III), haverá um aumento de 172% nas emissões de GEE em relação ao ano de 2008.
Mesmo (re)conhecendo as conseqüências da instalação de termelétricas a óleo combustível, houve por parte dos gestores públicos uma tentativa de minimizar as críticas feitas contra este empreendimento. Neste sentido ocorreram declarações individuais de agentes do governo estadual, ocorrência de audiência pública (cujo representante do governo estadual não compareceu), entrevistas coletivas de secretários estaduais das áreas envolvidas, nota paga nos jornais de grande circulação, declarações de engenheiros com cargos de direção em companhias elétricas. Todas manifestações admitiram a existência de riscos e perigos para a população, todavia tentaram minimizá-los. Inclusive com argumentos de que esta usina não irá funcionar, pois é de reserva (ou seja, gerarão temporariamente energia quando as hidroelétricas não tiverem capacidade para atender a carga). Também afirmaram que a instalação da usina no Estado é uma decisão do governo federal, e como tal cabe simplesmente acatar, e não dispensar os recursos previstos para sua construção da ordem de 2 bilhões de reais. Outra justificativa foi no sentido de que o parque de tancagem de 200 mil toneladas a ser construído, definido no protocolo de intenção assinado entre o governo estadual e o empreendedor, não só atenderá a termelétrica, como permitirá abastecer navios que circularem por lá, e assim gerando renda adicional ao Porto de Suape. Enfim o que conta é o dinheiro e não a vida das pessoas e a preservação ambiental.
Entende-se, mas não se justificam alguns posicionamentos, que por razões de oficio, são de pessoas que tem o dever de aplaudir e de bajular, senão não estariam nos cargos por indicação política. Houve na realidade, uma movimentação entre políticos e técnicos para justificar o injustificável. No afã, de apoiar a decisão tomada por um pequeno núcleo do executivo estadual, de receber em seu território “a maior termelétrica do mundo”; informações inverídicas, contraditórias, incorretas, dúbias foram divulgadas na tentava confundir e de minimizar o impacto e os riscos ambientais, econômicos, sociais e de saúde pública, que esta usina acarretará, caso seja instalada.
Não podemos repetir erros passados cometidos no Brasil e em outras partes do mundo. Esta lógica em que os problemas são reconhecidos, mas não corrigidos não deve prevalecer. Tenta-se impor em Pernambuco, que a única verdade é a verdade do poder vigente - e ai de quem ousar contrapor às fabricações do oficialismo, baseada em uma visão ultrapassada da realidade, calcada em conceitos pré-estabelecidos do século passado.
A população que vive no entorno da usina, será afetada pelas emissões de gases poluentes, e de particulados. Sem dúvida as atividades turísticas daquela região, as praias do litoral sul, do município do Cabo, e do balneário de Porto de Galinhas serão afetadas; e mais drasticamente, caso ocorram derramamentos e/ou vazamentos de óleo, tão comuns nos dias atuais.
Além do custo da energia produzida pelas termelétricas, ser cara, incidindo assim na fatura elétrica do consumidor; os empregos resultantes da instalação e do funcionamento da usina serão irrisórios comparados com aqueles que são gerados na indústria do turismo.
Em função da polêmica levantada, dos questionamentos e críticas realizadas contra este empreendimento, são apresentados a seguir pontos que merecem destaques e esclarecimentos junto à opinião pública. Assim, espera-se melhor qualificar o debate e contribuir com as escolhas que podem ou não tornar nosso Estado/País/planeta mais solidário, justo, eqüitativo e respeitoso com a natureza.
1. Algumas informações sobre o combustível utilizado na termelétrica: óleo combustível.
O óleo combustível utilizado em Suape II (pronta para entrar em operação desde janeiro de 2012) e Suape III (lançamento do empreendimento em setembro/2011 e previsão de conclusão 2013) é o marítimo bunker C, descrito na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ da BR distribuidora (subsidiária da Petrobras), como sendo causador de efeitos nocivos a saúde humana. “um produto cujos perigos mais importantes estão no líquido e seus vapores ser inflamável, causar irritação moderada à pele, suspeito de causar câncer, causar irritação respiratória, causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). Também é nocivo em caso de ingestão e por penetração das vias respiratórias. Este produto contém gás sulfídrico, extremamente inflamável e tóxico”. Os efeitos ambientais também são destacados “podendo apresentar perigo para o meio ambiente em casos de grandes derramamentos, de emissões de gases como o CO2 e óxidos de enxofre e nitrosos”. Aqui merece destaque o fato conhecido que quando estes óxidos expelidos pela combustão do óleo, reagem com o vapor de água existente na atmosfera é produzido ácido sulfúrico e acido nítrico, que se precipitam produzindo a chuva ácida, de grande impacto ambiental.
O óleo combustível tem enormes restrições ao seu uso nos países desenvolvidos, em várias partes do mundo e também no sul, sudeste do País. Neste caso os órgãos ambientais e a sociedade civil são implacáveis tornando muito difícil à concessão de licenças ambientais para termelétricas a óleo nestes locais.
0 enxofre é um constituinte natural de todos os combustíveis fósseis. Durante a combustão, a maior parte dele é convertida em compostos sulfurosos gasosos. Praticamente 99% do enxofre presente nos combustíveis líquidos são convertidos em compostos gasosos e lançados na atmosfera, se não houver equipamento de controle de emissões.
Ao ser queimado, o enxofre forma uma série de óxidos (SO, S02, S203, S03, S207, S04), mas apenas o dióxido (S02), o trióxido de enxofre (S03) e o íon sulfato têm importância como poluentes.
0 S03 se combina rapidamente com água, formando ácido sulfúrico. Devido ao seu baixo ponto de orvalho, esta mistura ácida produz sérios danos em chaminés não tratadas convenientemente. Na presença de metais ou amônia, o ácido reage formando sulfatos metálicos, de amônia ou mistos.
Os sulfatos têm dimensões de alguns mícrons (0,001 mm), podendo ser captados em grande parte por precipitadores eletrostáticos. Sua origem é a oxidação catalítica do SO2 na superfície do material particulado (MP) volante. Este MP contém na sua superfície metais que produzem o S03, o qual reage com metal formando o sulfato metálico.
0 SO2 é um gás incolor com cheiro irritante. É altamente solúvel em água: 11,3 g/100 ml comparado com 0,169g/100 ml para o C02. Em contato com a água ele forma o ácido sulfuroso (H2S03). No ar limpo, o SO2 se oxida lentamente para SO3. Esta oxidação é mais rápida na presença de aerossóis aquosos na atmosfera. Íons de metais pesados em solução catalisam a reação, que cessa quando o aerossol torna-se ácido. A amônia presente na atmosfera neutraliza o ácido, formando bissulfito que rapidamente se oxida para sulfato. Se a quantidade de amônia na atmosfera for suficiente, teremos a total neutralização do ácido, caso contrário haverá um resíduo ácido que aparecerá na próxima chuva. A concentração do SO2 é dada em ppm (partes por milhão) ou μg/m3 (micro-gramas/m3 de ar), sendo 1 ppm = 2620 μg/m3.
É importante notar que o impacto ambiental das emissões aéreas de poluentes ocorre em duas escalas bem distintas.
O impacto local depende tanto das emissões próximas quanto da altura da chaminé.Uma fábrica com pequena emissão mas com uma chaminé baixa pode causar um impacto local mais forte do que uma termelétrica com chaminé mais elevada. A fábrica produz uma alta concentração de poluentes aéreos no nível do solo enquanto que as emissões da usina sofrem uma grande dispersão e diluição antes de atingir o ambiente da superfície.

O impacto em escala estadual não depende das características das chaminés mas somente das emissões globais na região. É o caso das emissões no nordeste dos EUA que causam chuva ácida no Canadá. A chuva ácida afeta a germinação de sementes, afeta a disponibilidade de nitrogênio no solo, faz diminuir a respiração do solo e aumenta a lixiviação de nutrientes presentes no solo original.
Este é o combustível (veneno) que se pretende utilizar nas termelétricas projetadas para serem instaladas no município do Cabo de Santo Agostinho, em particular por Suape III.
2. Argumenta-se que o Complexo Portuário Industrial de Suape necessita de energia frente ao crescimento econômico e a instalação de novas indústrias e empreendimentos em Pernambuco.
A resposta a esta afirmativa vem de setores da própria área energética do governo federal. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o presidente da Empresa de Planejamento Energético – EPE, afirmou que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) estava avaliando se os projetos termelétricos da empresa Bertin Energia (empreendedora de Suape II e III) terão ou não condições de entrar em operação. O que não afetaria o fornecimento elétrico, pois existe atualmente uma sobra, de energia no sistema da ordem de 5.000 a 6.000 MW médios. Portanto usar o argumento que estas usinas são importantes para atender ao consumo de energia do Estado não é verdade, pois não existe falta de energia que afetaria nem o Complexo Industrial e Portuário de Suape e nem Pernambuco.
A linhas de transmissão poderiam transportar energia de outras partes do Brasil caso fosse necessário atender a demanda em Pernambuco. Além da possibilidade de incrementar a utilização dos recursos solar e eólico tão abundantes em Pernambuco, mas muito pouco aproveitados. Hoje somente existem 25 MW de potência eólica, e aproximadamente 50 kWp de potência fotovoltaica (em sua maioria dispersa em comunidades rurais) instalados no Estado. Além das medidas de eficiência energética que poderiam ser adotadas, e que postergariam a construção de novas usinas geradoras. Lamentavelmente tais medidas passam ao largo das decisões do governo pernambucano, onde para ele ofertar energia significa apenas construir usinas.
3. Defesa do empreendimento sob a justificativa de que a emissão de poluentes será pequena, pois a usina só será acionada em situações de emergência. No atual modelo de oferta de energia elétrica a usina está sendo construída para não operar, o que a diferencia de qualquer outro empreendimento, pois é uma térmica que produzirá energia de reserva.
A Energia de Reserva foi inicialmente prevista na Lei nº 10.848/2004, e regulamentado posteriormente por meio do Decreto nº 6.353/2008. A Energia de Reserva contratada deverá ser proveniente de novos empreendimentos ou empreendimentos existentes. Conforme previsto neste Decreto, a finalidade da realização do Leilão de Energia de Reserva - LER foi a de contratar uma oferta adicional destinada a aumentar a segurança no fornecimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional – SIN. Também foi estabelecido que o valor necessário para o pagamento desta contratação fosse arcado pelos consumidores finais do SIN, cujo valor foi fixado de R$ 149,00/MWh que remuneraria os investimentos na geração de energia de reserva para as condições encontradas no primeiro Leilão de Energia de Reserva de 2008. Ou seja, mesmo sem funcionar o empreendedor estaria recebendo, o que mostra o excelente negócio de um capitalismo sem risco.
O caso de Suape III se enquadra na tentativa do empreendedor (Grupo Bertin,) vencedor do leilão de 2008, em reunir em uma só usina 5 empreendimentos previstos inicialmente para serem implantados em 4 estados nordestinos. Portanto a maior termelétrica a óleo do mundo é o resultado da combinação de 5 usinas em uma única. Para isto acontecer necessita do acordo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o que vem sendo negociado.
A afirmativa do governo estadual de que ela não funcionará, enseja questões que merecem explicações mais claras, pois existe uma enorme contradição entre o que diz o governo e o empreendedor. Este afirma que a termelétrica vai gerar energia durante 25% do ano, ou seja, haverá um consumo diário de 8.000 toneladas de óleo, despejando assim 24.000 toneladas/dia de CO2 na atmosfera. Logo, ao longo de um ano, funcionando 25% do tempo, estima-se algo em torno de 2 milhões de toneladas emitidas. E caso funcione o ano todo serão 8 milhões de toneladas. Já o governo afirma que a termoelétrica não funcionará, e portanto não poluirá.
A preocupação quanto a emissões de gases e particulados (concentração de metais pesados, como o mercúrio) não vem somente de Suape III, mas com a instalação de outras termelétricas na região. Suape II já pronta para funcionar, também com óleo combustível, localizada no município do Cabo de Santo Agostinho, com uma potência instalada de 380 MW. Emitirá diariamente em torno de 6.000 toneladas de CO2, além de gases a base de enxofre, óxidos nitrosos, dióxido de carbono, entre outros. Sem esquecer da termelétrica TermoPE já instalada, com uma potencia de 520 MW, e que a plena carga consome 2 milhões de m3 por dia de gás natural, e emite em torno de 5.000 toneladas diárias de CO2. Além da instalação prevista da termelétrica com óleo combustível, que ira atender as necessidades elétricas da Refinaria Abreu e Lima, com uma potencia prevista de 200 MW. Logo se estará concentrando 4 termelétricas de médio e grande porte em um único território, causando uma grande preocupação.
Para amenizar a critica sobre o uso do óleo combustível, hoje se fala em converter Suape III para funcionar a gás natural. O que é uma falácia, visto não haver disponibilidade de gás natural na região para atender as necessidades desta usina, que seria algo em torno de 5 milhões de m3/dia. É uma resposta falsa, para um problema cuja única solução consiste em não construir a usina. A proposta que parte agora da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS de reconversão para uma outra fonte energética (também um combustível de origem fóssil) é uma tentativa de iludir a opinião pública, diante do absurdo da opção de fazer em Suape um pólo de termelétricas a combustível fóssil.
4. E o papel da Agencia Estadual do Meio Ambiente-CPRH, órgão subordinado a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade?
Em Pernambuco, em nome de um crescimento econômico predatório, está sendo permitido que se acabe com os recursos naturais em virtude da realização das obras de Suape, cujas dragagens e outras intervenções têm modificado as condições do bioma, expulsado as populações nativas e impedido a pesca na região em completo desrespeito aos direitos fundamentais e à proteção estabelecida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de passar por cima de outras convenções internacionais. Predomina neste território o desmatamento autorizado e não autorizado do pouco que resta da Mata Atlântica e de manguezais, a implantação de indústrias nocivas à saúde publica e ao meio ambiente, e a contaminação de rios e do Oceano Atlântico. E tudo isto ocorre sem o mínimo de discussão com a sociedade. As chamadas audiências públicas que teriam o objetivo de discutir com os envolvidos destes empreendimentos, tem um formato que na verdade é uma mera encenação, simples formalismo para atender a legislação vigente, sem efeitos concretos.
Já a recente Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade –SEMAS, a quem está vinculado o órgão ambiental, a Agência Estadual de Meio Ambiente-CPRH, é quem tem a responsabilidade pela “execução da política estadual de meio ambiente e de recursos hídricos, com atuação na proteção, conservação e pesquisa aplicada às atividades do controle ambiental, para o aproveitamento dos recursos naturais do Estado”. Esta Secretaria tem a função de analisar os Estudos de Impacto Ambiental – EIA e os Relatórios de Impacto Ambiental – Rima, a elas encaminhadas, concedendo as licenças ambientais para os empreendimentos se instalarem, serem construídos e funcionarem. Além de ter a responsabilidade de fiscalizar as compensações sócio- ambientais quando exigidas do empreendedor.
É aqui que repousa a critica mais veemente para o não cumprimento da lei que deu origem a sua criação em janeiro de 2003. O (não) papel que o CPRH tem cumprindo no chamado processo de crescimento econômico de Pernambuco é lamentável sobre todos os ângulos da questão. O que ocorre é uma relação promiscua entre SEMAS/CPRH com aqueles que não respeitam o meio ambiente e que só enxergam os aspectos econômicos envolvidos. Esta afirmativa é corroborada pelos inúmeros termos de compromissos assinados entre Suape e CPRH, para garantir a compensação ambiental, em decorrência das autorizações para supressão da vegetação nativa e de infrações pelo desmatamento não autorizado, que foram desrespeitados.
Muito se esperou e pouco aconteceu com a indicação do ex-ambientalista Sergio Xavier para o cargo de secretário da SEMAS. No discurso de posse era dito, que buscaria imprimir uma visão transversal no governo , trazendo para as discussões sobre o desenvolvimento do Estado, as questões ambientais. Nada disso ocorreu.
Mesmo admitido por todas as partes que o uso do óleo combustível causará a emissão de gases impróprios à saúde publica e ao meio ambiente, afirma-se erroneamente que com as tecnologias modernas e com o “rigor” das leis ambientais e sua “fiscalização”, que praticamente seriam evitadas tais emissões com a colocação de filtros, implicando assim em um impacto relativamente pequeno. Sabe-se que os filtros podem diminuir a emissão para a atmosfera de gases, mas não impedi-la completamente. No caso do dióxido de carbono não é possível utilizar filtros para impedir que chegue a atmosfera.
5. O Governo comemorou a instalação da termelétrica Suape III afirmando que vão ser investidos R$ 2 bilhões no Estado e assim serão gerados 500 empregos diretos e alguns milhares indiretos.
“Não é o combustível dos sonhos de ninguém, mas é um investimento de R$ 2 bilhões”. Esta foi a declaração do ex-Secretário de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco (atual presidente da CHESF), publicada no Jornal do Comércio, de 17 de setembro de 2011, em resposta aos argumentos dos ativistas, ambientalistas e engenheiros do setor elétrico sobre os impactos poluentes da usina termelétrica Suape III.
O que chama a atenção nesta declaração é como persiste nos membros do governo estadual (do Partido Socialista do Brasil) a cultura de que o dinheiro resolve tudo. Ou seja, uma visão arcaica frente aos grandes desafios do século XXI, sendo o principal deles o aquecimento global. A frase atribuída pelo grande pernambucano, economista ecólogo, professor e pesquisador Clovis Cavalcanti, mostra bem este sentimento “é evidente que, em Suape, ama-se o dinheiro e odeia-se a vida”.
Ao mesmo tempo ressalta-se o aspecto contraditório deste argumento, pois o investimento da ordem de 2 bilhões de reais, terá 20% de recursos próprios do empreendedor, e o restante captado junto ao BNDES, para um empreendimento que não irá funcionar, ficando na reserva.
Fazendo a analogia com o futebol, seria a mesma coisa que contratar o atacante Neymar (mais caro jogador do Brasil) e deixá-lo na reserva, impedi-lo de participar do jogo. Isto seria um contra-senso pois seria muito dinheiro investido para que não atuasse. O mesmo se pode dizer da termelétrica Suape III. Muito dinheiro investido para não funcionar.
A questão dos empregos gerados devido à construção e operação de Suape III é falsamente apresentada. Como exemplo de outra opção de geração de empregos é a industria do turismo, que na região pode ofertar muito mais empregos, com a construção e operação de hotéis de médio porte.
6. O governo estadual se apressou a anunciar a construção de usinas térmicas, sobretudo movidas a óleo combustível altamente poluente, sem uma análise mais profunda e um debate mais democrático com a sociedade.
Uma das marcas registradas do crescimento econômico predatório que ocorre em Pernambuco é o uso intensivo do marketing, da propaganda e da mídia, e ao mesmo tempo uma ausência total de democracia e participação da sociedade nas decisões tomadas.

Alegar que o programa Todos por Pernambuco, as Plenárias Regionais, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico (CEDES) e os Conselhos Regionais constituem instrumentos de uma gestão democrática, e que são inovações modernas de uma gestão modelo (?) para aumentar a participação popular é falácia. Só quem já participou destas plenárias e reuniões sabem como são conduzidas. E do CEDES nem se fala, pois as reuniões são escassas (uma única reunião em 2011).
Os recursos alocados nas obras de infra-estrutura energética são gigantescos, e em grande parte alocados pelo tesouro nacional, através do BNDES; e sua aplicação deve ser responsável, olhando para o futuro. Assegurando benefícios e melhor qualidade de vida para a sociedade, e principalmente, consultando-a para a tomada de decisão. Se forem mal gastos ou desperdiçados, estaremos expostos a riscos, principalmente aqueles causados a natureza e a saúde das pessoas. Não se pode dar um passo atrás, em um momento no qual a chamada economia do carbono esta em cheque frente às exigências da sustentabilidade.
Se as usinas termelétricas previstas (e algumas já instaladas) a combustíveis fósseis, vierem a serem construídas, teremos ai um parque de geração da ordem de 2.600 MW em um território de 13500 ha (Suape), abrangendo os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, tornando esta região muito poluente.
7. O discurso da compensação ambiental por conta deste projeto, e outros que estão diretamente impactando a região e os municípios estratégicos do Complexo Portuário-Industrial de Suape. E que a Semas – Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio do órgão de licenciamento, CPRH, seguirá todas as determinações legais com respeito ao processo de instalação desta usina em Pernambuco.
Para amenizar os danos causados ao meio ambiente, já que todos concordam que é uma instalação com alto potencial de risco e agressão ambiental, e conseqüentemente a saúde das pessoas; é alegado que a planta industrial de Suape III será construída atendendo aos parâmetros mais modernos no mundo.

O vazamento de petróleo ou de derivados, como o óleo combustível, no complexo portuário industrial de Suape e algo possível e provável de acontecer em vista das inúmeras indústrias instaladas que necessitam do petróleo (derivados) como matéria prima. Mesmo não sendo uma atividade de exploração e extração de petróleo, o manuseio e a manipulação poderá provocar danos e desastres ambientais de graves proporções. Não é isto que se espera que ocorra, todavia em engenharia não existe risco zero para a ocorrência de incidentes. Desastres ambientais com morte de aves e animais marinhos, afetando populações costeiras e atividades econômicas de uma região, têm ocorrido com uma freqüência assustadora, causando graves prejuízos, sociais e econômicos.
Um exemplo ocorrido nos dias de hoje, foram os vazamentos de petróleo, na Bacia de Campos, em poços explorados pela empresa norte-americana Chevron. Verificou-se nesses episódios à total negligência, ausência de empenho e de usos de meios preventivos para a atividade que ali estava sendo desenvolvida. Além da omissão governamental em admitir a participação de uma empresa na exploração do petróleo em território brasileiro que não goza de nenhuma credibilidade, pois detêm má reputação, e um passado repleto de acidentes e problemas, que mais se aproximam de uma folha corrida. Este acidente é um alerta, para o Complexo de Suape, onde serão instaladas indústrias como refinaria, petroquímica, estaleiros e termelétricas envolvidas com a descarga, transporte, manuseio, e estocagem do petróleo e de seus derivados.
Nestes desastres ambientais com vazamento de petróleo no Rio de Janeiro e São Paulo revelam que as informações são confusas, mentirosas, e as empresas envolvidas (muito poderosas) e o governo brasileiro, lidam com estas situações com muita falta de transparência e arrogância, sem o mínimo de respeito à população.
Com relação ao licenciamento ambiental, as compensações ambientais e as exigências para diminuir a poluição na geração de energia, são asseguradas pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Os gestores prometem que estes preceitos serão rigorosos e obedecerão as regras vigentes no País e estabelecidas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Essas regras determinam, por exemplo, que as compensações devem representar 0,5% do total do investimento. No caso da Suape III, seriam R$ 10 milhões arrecadados, e que se prestaria para as compensações ambientais devido à supressão da vegetação. Apesar da garantia de que estes recursos estão sendo aplicados, muitas dúvidas permanecem.
Garantir que as normas técnicas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública sejam cumpridas pelo empreendedor e pelo órgão licenciador, não é uma certeza de que vá ocorrer se analisarmos acontecimentos recentes.
Segundo relatório da Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) apresentado por exigência do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema), o próprio Porto de Suape não tem honrado termos de compromisso ambiental. Nos últimos 10 anos, dez grandes empreendimentos provocaram a supressão de 365,36 hectares de mangue, restinga e mata atlântica. De todos esses, apenas um realizou as contrapartidas acordadas Foi necessária à intervenção dos ministérios públicos, federal e estadual para que a empresa Suape apresentasse um plano para zerar o passivo, estimado hoje em 210 hectares de área desmatada no complexo. Mesmo a propaganda intensa com matérias pagas em jornais pernambucanos de que este passivo foi zerado não há provas de que isto realmente aconteceu, pois não se conhecem em detalhes os lugares de tal reflorestamento.
Apesar da possibilidade da compensação ambiental por conta dos grandes projetos, e daí dos recursos originados, o que se constata no Complexo de Suape é o descumprimento reincidente dos acordos nesta área.
Todavia a população deve ser alertada, em particular a de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, que mesmo que as compensações que vierem ser oferecidas pelo governo e pelo empreendedor (construtor da usina) serão insuficientes para repor a vegetação natural (mangues em particular) suprimida e manter a qualidade de vida das pessoas.
8- E para dizer que não falei sobre o empreendedor das termelétricas Suape II e Suape III, o Grupo Bertin.
A presença do Grupo Bertin no setor elétrico começou a ser fortalecida em 2008, durante uma das maiores crises financeiras e econômicas do mundo. Naquele segundo semestre de 2008, a empresa (em alguns casos, em parceria com a Equipav) criou a CIBE que foi grande vencedora dos leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O grupo empreendeu uma corrida desenfreada no setor elétrico, vencendo leilões para a construção de 42 usinas geradoras pelo Brasil afora, capazes de gerar 6,7 GigaWatts, quase metade da potência instalada de Itaipu, o que exigiria um desembolso de R$ 10 bilhões.
Enfrentando problemas financeiros em 2009, foi levada a vender 80% da sua divisão de frigoríficos para a concorrente JBS-Friboi. Aventurou-se no consórcio montado pelo governo para disputar o bilionário e polêmico projeto da Hidrelétrica de Belo Monte, e no início de 2010, desistiu dessa participação. Recentemente controladores do grupo passaram por dificuldades financeiras junto a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Pendências estas com a CHESF, referente a dívidas relacionadas às usinas termelétricas de Borborema (PB) e Maracanaú (CE).
Pelo histórico do grupo empreendedor constata-se que a necessidade de captação de capital, é desproporcional a sua capacidade financeira, agora sem a Equipav que saiu da parceria (junho de 2010) que mantinha com o Gupo Bertin no negócio de geração termoelétrica, no grupo CIBE. Neste ponto permanece a dúvida sobre a capacidade da empresa em levar a frente estes empreendimentos. De fato, o governo permitiu o ingresso nos leilões de empresas sem experiência prévia na área, além de não ter exigido garantias financeiras mais consistentes
Ao concentrar seus investimentos na conclusão das térmicas ganhas no leilão A3/2008, o Grupo Bertin através de sua subsidiária a Star Energy (que teve como diretor presidente o Sr. Evandro Miessi MENTE), solicitou autorização a Aneel para transferir a localização das usinas, inicialmente definidas para outros estados nordestinos, para Suape justificando este pedido baseado em questões de sinergia e economia de escala, além de ter a garantia do governo estadual que não teria problemas nas concessões das licenças ambientais. Portanto, Suape III, seria o resultado da fusão de 5 usinas com um montante anunciado pela Star Energy a ser investido de 2 bilhões de reais, sendo 20% de recursos próprios e o restante captado junto ao BNDES.
Para a construção de SUAPE III, considerada a maior termelétrica a óleo combustível do mundo, o governo de Pernambuco, concedeu isenção do ICMS para os próximos 20 anos, e ainda doou ao empreendedor um terreno de 80 ha no município do Cabo de Santo Agostinho com valor estimado de mercado da ordem de R$ 40 milhões, além de outro de 14 ha no município de Ipojuca, para a construção do parque de tancagem de 200.000 toneladas de óleo combustível, com valor aproximado de mercado de R$ 7 milhões.
Enfim, a falta de transparência é outra marca registrada do “governo da poluição” que em Pernambuco, tem usado a mídia, e a mídia usado o governo, numa simbiose que tem calado e anestesiado o espírito de contestação de todo um povo."

sábado, 17 de março de 2012

GOVERNO BRASILEIRO É QUESTIONADO PELA OIT EM RELAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE CONSULTA A POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS.


“O Governo brasileiro está sendo questionado pela OIT, por não ter procedido à consulta aos povos indígenas e comunidades quilombolas, como definido nos artigos 6, 7, 15 y 16 da C-169. É o caso da UHE Belo Monte, do Centro de Lançamento de Alcântara, da Transposição do Rio São Francisco. O reconhecimento e regularização fundiária das terras de comunidades quilombolas e povos indígenas (Artigo 14) é também objeto de crítica. Destaque para o caso dos Guarani de Mato Grosso do Sul”.Abaixo, o documento da OIT:
Combate ao Racismo Ambiental
http://racismoambiental.net.br/2012/03/governo-brasileiro-e-questionado-pela-oit-em-relacao-as-politicas-adotadas-em-relacao-a-consulta-a-povos-indigenas-e-comunidades-quilombolas/
Brasil. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 2002)
Seguimiento de las recomendaciones del Comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT). La Comisión toma nota del informe del Comité tripartito (documento GB.304/14/7) encargado de examinar la reclamación presentada por el Sindicato de Ingenieros del Distrito Federal (SENGE/DF) en la que la organización sindical alegó que el proyecto de ley núm. 62 de 2005 (PLC/62 2005) sobre la administración de bosques públicos no fue consultado con los pueblos indígenas en cuanto a su impacto en los derechos de los pueblos indígenas. La Comisión toma nota de que en el párrafo 62 de dicho informe, el Comité tripartito recomendó al Consejo de Administración que aprobara su informe y que:
a) solicite al Gobierno que adopte las medidas necesarias para completar la consulta sobre el impacto de las concesiones madereras contempladas en la Ley de Administración de Bosques Públicos, en los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados, teniendo en cuenta el artículo 6 del Convenio y las conclusiones del Comité establecidas en los párrafos 42 a 44 del informe;
b) solicite al Gobierno que, en particular, adopte las medidas reglamentarias y prácticas pertinentes para que se aplique la consulta prevista en el artículo 15, 2), del Convenio, con los requisitos procedimentales estipulados en el artículo 6, antes de la expedición de licencias de exploración y/o explotación maderera previstas en la Ley de Administración de Bosques Públicos;
c) solicite al Gobierno que se asegure que la consulta prevista en el artículo 15 se realice respecto de las tierras enunciadas en el párrafo 52 del informe, cualquiera sea su condición legal, en tanto cumplan con el requisito establecido en el artículo 13, 2), del Convenio (tierras que los pueblos indígenas ocupan o utilizan de alguna manera);
d) invite al Gobierno a que, en virtud del artículo 7, 1), del Convenio garantice la participación de los pueblos indígenas en la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas relativos a las actividades madereras referidas, incluyendo en la determinación de las tierras excluidas en virtud del artículo 11, IV), de la Ley de Administración de Bosques Públicos;
e) solicite al Gobierno que, en virtud del artículo 7, 3), del Convenio garantice la realización de estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y sobre el medio ambiente que las actividades madereras previstas en la ley puedan tener sobre estos pueblos;
f) solicite al Gobierno que se asegure que los pueblos indígenas afectados por las actividades madereras participen, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades, y perciban una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades;
g) solicite al Gobierno que se asegure que las actividades madereras no afecten los derechos de propiedad y posesión enunciados en el artículo 14 del Convenio;
h) solicite al Gobierno que adopte las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas afectados por la actividades madereras;
i) recomiende al Gobierno que solicite la asistencia y la cooperación técnica de la Oficina, si lo considera apropiado, para implementar, en cooperación con los interlocutores sociales, las recomendaciones contenidas en el informe y promover el diálogo entre las partes;
j) confíe a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones el seguimiento de las cuestiones planteadas en el presente informe respecto de la aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm.169), y
k) dé a conocer el presente informe, y declare cerrado el procedimiento incoado por la organización reclamante alegando el incumplimiento por el Brasil del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169).
Llamada a efectuar el seguimiento de la presente reclamación, la Comisión observa que el Gobierno no envía información al respecto. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que en su próxima memoria envíe información detallada sobre todos las cuestiones planteadas por el Comité tripartito en su informe de marzo de 2009 (documento GB.304/14/7).
Artículo 1 del Convenio. Autoidentificación. La Comisión toma nota con agrado de que el Gobierno reconoce que el Convenio se aplica plenamente a las comunidades quilombolas y envía en su memoria, abundante y detallada información sobre los programas y políticas dedicados a garantizar la integridad cultural, social y económica de dichos pueblos. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información al respecto, incluyendo una evaluación del impacto en la práctica de dichos programas y políticas, los efectos concretos en el desarrollo de las comunidades quilombolas y la cantidad de población quilombola cubierta.
Artículos 6, 7, 15 y 16. Consulta y participación. Legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó al Gobierno la obligación de consultar a los pueblos cubiertos por el Convenio cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente y lo invitó a examinar los mecanismos de consulta y participación existentes, en cooperación con los pueblos indígenas. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se ha iniciado un diálogo tripartito sobre el establecimiento de un mecanismo de consulta. El Gobierno indica que si bien diferentes entidades estatales ya utilizan mecanismos de consulta, no existe uniformidad en cuanto a la forma y amplitud de las consultas realizadas. En este sentido, como todos los sectores han reconocido la necesidad de contar con dicho mecanismo, se previó la realización de un seminario con participación de los pueblos indígenas para la elaboración de un proyecto de ley o de decreto sobre la consulta. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar de manera adecuada la consulta y participación de los pueblos indígenas en el diseño de este mecanismo de consulta y que envíe información sobre todo avance al respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique de qué modo se consulta actualmente a los pueblos indígenas cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas concretas susceptibles de afectarlos directamente.
Comunidades quilombolas de Alcántara. Las Comisión se refiere desde hace años a la situación de estas comunidades del municipio de Alcántara (Estado de Maranhao) debido al establecimiento del Centro de Lanzamientos de Alcántara (CLA) y del Centro Espacial Alcántara (CEA) en territorio ocupado tradicionalmente por las comunidades quilombolas, sin su consulta y participación (en la década de 1980 se expropiaron 52.000 hectáreas y en 1992 el territorio expropiado se amplió a 62.000 hectáreas). Según las comunidades nunca se hizo un estudio de impacto ambiental. La Comisión había tomado nota de que en el marco del Estudio Técnico de Identificación y Demarcación en el que participaron entidades gubernamentales interesadas se estableció que 78.105,34 hectáreas serían consideradas como territorio de las comunidades quilombolas, lo cual beneficiaría a 3.500 familias. La Comisión entendió en aquella oportunidad que ello resultaría en una reducción del territorio tradicionalmente ocupado por las comunidades. En consecuencia, la Comisión consideró que existía un conflicto por la superposición de un sector de territorio reivindicado por los quilombolas y asignados para el CLA y el CEA, al que por razones de seguridad nacional los quilombolas no tienen acceso.
La Comisión toma nota de que según los comentarios presentados por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Alcántara (STTR) y el Sindicato de Trabajadores en la Agricultura Familiar de Alcántara (SINTRAF) de 6 de noviembre de 2009, la demarcación territorial no incluyó las 8.700 hectáreas en donde está instalado el CLA. Las organizaciones sindicales también se refieren a los estudios de impacto llevados a cabo hasta ahora con participación de los pueblos indígenas pero que no han sido aprobados todavía por las autoridades competentes, y en los que tampoco se han determinado las indemnizaciones a las comunidades quilombolas por los daños ocasionados. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) el proceso de regularización de las tierras fue reenviado en 2009 por la Procuraduría General de la Nación (AGU) a una de sus Cámaras Federales de Conciliación y Arbitraje (CCAF) para solucionar la cuestión de la superposición de intereses entre la regularización de tierras quilombolas y la ampliación del área de lanzamiento espacial; 2) en dicho procedimiento han participado varias entidades gubernamentales; 3) según la Procuraduría, la utilización del territorio para lanzamientos podría implicar la relocalización de 1000 familias quilombolas; 4) la Cámara Federal de Conciliación y Arbitraje realizó siete reuniones hasta octubre de 2010 y sugirió que luego de finalizar una propuesta definitiva se llevara a cabo una reunión ministerial y que se consultara al respecto a las comunidades quilombolas de Alcántara, antes de someter sus conclusiones al Presidente de la República. El Gobierno indica asimismo que existe pendiente un procedimiento al respecto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se remite a las presentaciones formuladas por el Gobierno en dicha instancia.
A este respecto, la Comisión observa que de la información suministrada por el Gobierno, si bien se hace referencia a las negociaciones llevadas a cabo entre diferentes entidades estatales (algunas de ellas encargadas de cuestiones indígenas), no surge que se haya llevado a cabo, en alguna de las diferentes etapas, un proceso de consulta con las organizaciones representativas de las comunidades quilombolas, acerca de la instalación del CLA y del CEA, ni sobre la identificación y demarcación de tierras, ni sobre el acuerdo de cooperación en la materia celebrado con Ucrania en 2002 y 2004 y que implicó una extensión del territorio afectado, ni sobre la solución del conflicto una vez que se observó que había una superposición de intereses. La Comisión observa que tampoco hay evidencia de que se haya garantizado la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que llevaron al establecimiento del CLA y del CEA ni sobre los estudios de impacto realizados al respecto. La Comisión recuerda a este respecto que el Gobierno tiene la obligación, en virtud del artículo 6, párrafos 1, a), y 2, del Convenio, de consultar a los pueblos cubiertos por el Convenio, à través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. El Gobierno debe también, en virtud del artículo 7, párrafo 3¸ velar por que se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. La Comisión no puede dejar de subrayar que los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
Por último, la Comisión remite al Gobierno al artículo 16 del Convenio, en caso de ser necesario el traslado de pueblos indígenas de las tierras que ocupan. La Comisión pide al Gobierno que envíe informaciones sobre:
i) todas las consultas llevadas a cabo hasta ahora en el marco del conflicto existente en cuanto a los territorios ocupados tradicionalmente por las comunidades quilombolas de Alcántara y que fueron asignados para el establecimiento del Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA) y el Centro Espacial de Alcántara (CEA), en particular, sobre el seguimiento del proceso llevado a cabo por la Cámara Federal de Conciliación y Arbitraje;
ii) el modo en que se aseguró la participación de las comunidades quilombolas en el Estudio Técnico de Identificación y Demarcación de territorios y los progresos alcanzados en la identificación y demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades quilombolas para garantizar los derechos de propiedad y de posesión de estas comunidades sobre sus tierras tradicionales y para salvaguardar su derecho a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia; así como las medidas transitorias de conformidad con el artículo 4 del Convenio, para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de las comunidades interesadas en tanto se proceda al reconocimiento y a la demarcación de sus tierras;
iii) los estudios efectuados, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural, y sobre el medio ambiente que el establecimiento y la expansión del CLA y del CEA pueda tener sobre las comunidades afectadas y el modo en que el Gobierno garantiza la integridad cultural, social y económica de las comunidades quilombolas afectadas al conciliar los intereses en conflicto de las diversas partes interesadas en el asunto de que se trata;
iv) los resultados de las eventuales acciones pendientes ante toda autoridad judicial nacional, y
v) las decisiones que impliquen la relocalización de las comunidades y las medidas adoptadas en cumplimiento del artículo 16 del Convenio.
Usina hidroeléctrica de Belo Monte. La Comisión toma nota de la amplia información suministrada por el Gobierno en relación con el proyecto de construcción de la usina hidroeléctrica de Belo Monte y de los estudios y procesos participativos llevados a cabo en torno a la realización de dicho proyecto. La Comisión toma nota en particular de que: 1) la construcción de la usina se inscribe en el compromiso del Gobierno de reducir las emisiones de CO2, manteniendo la producción energética por medio de fuentes renovables; 2) la licencia fue otorgada luego de que se hiciera un examen ambiental por los órganos competentes para realizarse en la Cuenca del Río Xingu; 3) el proyecto no se sitúa en tierras indígenas (tal como surge de los estudios de impacto ambiental y después de haber reducido la zona de inundación de 1.225 km2 a 516 km2 (±60 por ciento), de los cuales 228 km2 constituyen el actual lecho del río); 4) no implica inundación de tierras indígenas ni relocalización de pueblos indígenas; 5) todo el proceso fue acompañado por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) así como por otros órganos pertinentes del Estado y por las comunidades indígenas interesadas, y 6) por decreto presidencial de 19 de noviembre de 2009, se creó un grupo de trabajo intergubernamental (GTI) integrado por 19 órganos y entidades federales, además de 27 órganos del Estado de Pará, municipalidades y miembros de la sociedad civil, el cual elaboró un Plan de desarrollo regional sostenible del Xingu. El control de la implementación del plan está a cargo de un comité gestor, de composición paritaria, del cual participan 15 representantes de organismos gubernamentales y 15 representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo dos representantes indígenas. La empresa a cargo de la construcción se comprometió con el desarrollo socioeconómico del Xingu lo cual, según el Gobierno, significa el aporte de 500.000.000 de reales al Plan.
En lo que se refiere a la participación efectiva de los pueblos indígenas en el proceso, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) el 25 de mayo de 2005 se pusieron los estudios de impacto ambiental a disposición para consulta pública y en 2009 se llevaron a cabo cuatro audiencias en diferentes municipios afectados y más de 20 talleres participativos en 2008 y 2009 en los que también participaron pueblos indígenas para aclarar dudas, recibir información sobre el contenido del proyecto, sus impactos y las medidas de mitigación; 2) el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) llevó a cabo talleres entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre de 2009 con los pueblos indígenas para presentarles las conclusiones del estudio de impacto ambiental en los que participaron 5.000 personas, incluyendo 200 «representantes indígenas», y 3) sobre la base de estudios técnicos de la FUNAI se emitió la opinión núm. 21/CNAM/CGPIMA la cual analiza el procedimiento de licencia y los estudios de impacto realizados e impone ciertas medidas de apoyo al fortalecimiento institucional y desarrollo de las comunidades influenciadas por el proyecto.
Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que existe un procedimiento en relación con este proyecto pendiente ante la CIDH y que en el marco del mismo se dictaron medidas cautelares con fecha 1.º de abril de 2011 (MC¬382-10).La Comisión toma nota de que la CIDH solicitó la suspensión del proceso de licencia del proyecto y del inicio de cualquier obra hasta que se hayan cumplido ciertas condiciones mínimas, entre las que se encuentra la de cumplir con la obligación de realizar procesos de consulta en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión toma nota asimismo de que por decisión de 28 de septiembre de 2011, un juzgado federal de Pará emitió una medida cautelar prohibiendo a la empresa constructora hacer cualquier alteración del lecho del río, incluyendo represas o cualquier otra obra que interfiera en el curso natural del río y que en consecuencia altere la fauna ictícola.
Al tiempo que toma nota de la información suministrada, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 15 del Convenio, el Gobierno está obligado a consultar a los pueblos indígenas antes de emprender o autorizar cualquier programa de explotación de los recursos existentes en sus tierras. La Comisión pone de relieve que el proyecto hidroeléctrico podría tener consecuencias tales como la alteración de la navegabilidad de los ríos, de la fauna y la flora así como del clima , que afectan a los pueblos que habitan los territorios en que se implantará el proyecto, y que van más allá de la inundación de las tierras o del desplazamiento de dichos pueblos.
La Comisión recuerda asimismo que, de conformidad con el artículo 6, el Gobierno debe consultar a los pueblos concernidos, en particular a través de sus instituciones representativas y no a los individuos directamente. Asimismo, las consultas previstas en el Convenio deben efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. En su observación general de 2010, la Comisión consideró que los procedimientos y mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión “con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas” de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes. La Comisión manifestó más adelante en la misma observación general que no se puede considerar que una simple reunión informativa cumpla con las disposiciones del Convenio y que las comunidades afectadas deberían participar incluso en la preparación de los estudios de impacto ambiental. La Comisión estima que, según la documentación y la información suministrada por el Gobierno, los procedimientos llevados a cabo hasta ahora sin bien fueron amplios no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 6 y 15 del Convenio tal como fueron descriptos más arriba y tampoco demuestran que se haya permitido a los pueblos indígenas participar de manera efectiva en la determinación de sus prioridades de conformidad con el artículo 7 del Convenio.
La Comisión pide al Gobierno que:
i) tome las medidas necesarias para llevar a cabo consultas con los pueblos indígenas afectados de conformidad con los artículos 6 y 15 del Convenio, sobre la construcción de la Usina hidroeléctrica de Belo Monte antes de que los posibles efectos nocivos de dicha usina sean irreversibles,
ii) en consulta con los pueblos indígenas tome medidas para determinar si las prioridades de dichos pueblos han sido respetadas y si sus intereses se verán perjudicados y en qué medida con miras a adoptar las medidas de mitigación e indemnización apropiadas, y
iii) informe sobre los resultados del procedimiento a trámite ante el Juzgado Federal de Pará.
Trasvase del río San Francisco. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno relativa al proyecto de integración del río San Francisco con las cuencas del noreste septentrional y la participación de la FUNAI en el proceso con miras a que los pueblos indígenas sean oídos e informados sobre el proyecto y para que se apliquen medidas de mitigación e indemnización. La Comisión toma nota de que tanto el IBAMA como la FUNAI emitieron directrices para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, en las que se tuvieron en cuenta las tierras indígenas truká, tumbalalá, pipipan y kambiwá. El mencionado estudio identificó problemas y emitió propuestas sobre salud, educación, infraestructura, actividades económicas, organización indígena, entre otros temas. Observando, sin embargo, que el Gobierno no informa sobre los procedimientos de consulta con los pueblos indígenas llevadas a cabo en conformidad con los artículos 6 y 15 del Convenio ni sobre la participación de dichos pueblos en los estudios de impacto y en las diferentes medidas y programas previstos de conformidad con el artículo 7 del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada al respecto.
Proyecto de ley para la construcción de una hidroeléctrica en el río Cotingo -tierra indígena Raposa Serra do Sol. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la discusión del decreto legislativo núm. 2540/06 relativo al proyecto fue retomada en el seno del Congreso y que actualmente está en discusión en la Comisión de Minas y Energía y que será sometida a la Comisión de Constitución y Justicia. Una vez aprobado por las comisiones será examinado por el plenario del Congreso. El Gobierno indica que en el decreto se intenta reforzar el derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas en las discusiones y que prevé la audición de las comunidades indígenas afectadas, la aprobación por el Congreso de los acuerdos propuestos a dichas comunidades, la institución de medidas de protección de la integridad física, socioeconómica y cultural de las mismas y la realización de estudios de impacto ambiental. Según el Gobierno, la FUNAI ha defendido ante el Congreso la necesidad de realizar consultas libres e informadas a los pueblos indígenas antes de que el proyecto sea votado. La Comisión toma nota de que según la nota de la FUNAI núm. 560/COLIC/CGGAM/10 adjuntada por el Gobierno en su memoria, los pueblos indígenas que ocupan las zonas afectadas por el proyecto estarían en contra del mismo, la nota pone de relieve que el proyecto tendría impactos irreversibles sobre dichos pueblos y por ello aconseja que se los consulte. La Comisión pide al Gobierno que se asegure de que dicho proyecto sea sometido a consultas plenas con los pueblos indígenas y que sus puntos de vista, prioridades e intereses sean tenidos en cuenta al momento de adoptar decisiones al respecto. La Comisión espera asimismo que los pueblos interesados podrán colaborar en los estudios de impacto que se lleven a cabo, de conformidad con el artículo 7 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre todo avance al respecto.
Minería en la tierra indígena de los Cinta Larga. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las medidas adoptadas tienden a la recuperación tradicional de los territorios indígenas mediante la expulsión de los exploradores y mineros invasores, en colaboración con los pueblos indígenas. La FUNAI ejerce en la zona tareas de control con asistencia de los propios pueblos afectados y se llevan a cabo estudios sobre su desarrollo. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información al respecto.
Artículo 14. Tierras. Situación de las comunidades quilombolas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en virtud de la ordenanza núm. 98/2007 que faculta a la Fundación Cultural Palmares a establecer un procedimiento administrativo de certificación de tierras y la organización del catastro de las comunidades indígenas o tribales autodefinidas, se ha procedido desde 2003 a la certificación y otorgamiento de 1.635 títulos a favor de las comunidades quilombolas. Por su parte el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) ha iniciado desde 2003 un total de 996 procesos de titulación. El Gobierno envía asimismo abundante información respecto de los programas y políticas destinadas a estas comunidades. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre los procedimientos de certificación y titulación de tierras a favor de las comunidades quilombolas, en cumplimiento del artículo 14 del Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que informe sobre las medidas específicas adoptadas con miras a salvaguardar las personas, las instituciones y los bienes de los pueblos interesados hasta tanto se lleve a cabo la titulación de las tierras.
Situación de los pueblos guaraní en el Mato Grosso do Sul. Pueblos guaraní kaiowá. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a la gravísima situación que enfrentan las comunidades guaraní kaiowá en las tierras que ocupan tradicionalmente. La Comisión observa que en los comentarios de 1.º de septiembre de 2010 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de los cuales había tomado nota en su observación anterior, la organización sindical se refiere a la lentitud en la demarcación de los territorios tradicionalmente ocupados por estos pueblos y al avance de los cultivos de la soja y la caña de azúcar sobre esos territorios, lo cual ocasiona el desplazamiento de dichos pueblos. La organización sindical se refiere también a actos de violencia y amenazas, incluyendo el asesinato, contra los miembros de la comunidad kaiowá. También se refiere a la violación de los derechos laborales de los indígenas que trabajan en las plantaciones. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que los conflictos en torno a las tierras ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos de los miembros de esta comunidad e indica que hay 13 procesos judiciales relativos a conflictos graves entre indígenas y hacendados desde 2000. También reconoce la difícil situación de pobreza que los afecta. El Gobierno informa que los procesos de protección de las tierras indígenas en el Mato Grosso son lentos y que la FUNAI se encarga entretanto de solucionar las situaciones de emergencia. De este modo, estableció seis grupos de trabajo para la identificación y delimitación de las tierras tradicionales. El 24 de abril de 2011, mediante la ordenanza MJ/GM núm. 499 se le asignó a la comunidad guaraní kaiowá la posesión permanente de la tierra Jatayvary, en el municipio de Ponta Porã, con una superficie de 8.800 hectáreas. El Gobierno indica a este respecto que dichas comunidades ocupan aproximadamente 30.000 hectáreas y que la FUNAI llevará a cabo las acciones necesarias para la demarcación de la tierra indígena y la homologación por la Presidenta, de acuerdo con la legislación. El Gobierno informa asimismo sobre los diferentes procesos de demarcación llevados a cabo hasta ahora. La Comisión toma nota al respecto del informe del Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas en relación con la terrible situación de pobreza y marginación que afecta a los pueblos guaraní kaiowá, la elevada tasa de mortalidad infantil y los actos de violencia, incluyendo homicidios, contra sus miembros (documento A/HRC/12/34/Add.2 de 26 de agosto de 2009)
La Comisión pide al Gobierno que:
i) tome las medidas necesarias para que sin demora se proceda, en colaboración con los pueblos indígenas afectados, a la demarcación de las tierras que ocupan tradicionalmente a fin de reconocer sus derechos de propiedad y posesión de conformidad con el artículo 14 del Convenio;
ii) adopte las medidas específicas necesarias para salvaguardar las personas, las instituciones y los bienes de los pueblos interesados hasta tanto se lleve a cabo la demarcación de las tierras, incluyendo para proteger de manera adecuada la integridad física y la seguridad de los miembros de las comunidades contra todo acto de violencia y amenaza;
iii) tome las medidas necesarias para que se investiguen los hechos de violencia denunciados, y
iv) envíe información sobre todas estas cuestiones.
La Comisión pide asimismo al Gobierno que informe sobre la situación de las comunidad guaraní mbyá del municipio de Eldorado do Sul a la que se refieren los comentarios presentados por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Federal de Santa Catalina (SINTUFSC) de 19 de septiembre de 2008 de los cuales la Comisión tomó nota en comentarios anteriores.
http://www.politicaspublicas.net/panel/oitinformes/informes169/1596-ceacr-brasil-2012.html
Racismo Ambiental comunidades tradicionais, demarcações, OIT, povos indígenas, quilombolas, território, violência

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